En vísperas de reanudarse la actividad jurídica se prevé que muchos órganos judiciales se colapsen
“Obligar al ciudadano a pagar un IVA del 21% por defender su indemnización laboral, anular cláusulas bancarias abusivas, divorciarse o reclamar el impago de pensiones de alimentos es un ataque directo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, afirma Sonia Álvarez, abogada de AEAFA y autora del informe ‘El IVA de los justiciables»
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) reclama la supresión del IVA en los honorarios de los abogados y procuradores para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, sobre todo en un momento de grave crisis económica derivada por el coronavirus.
“Todas las peticiones de los sectores económicos son legítimas, pero hemos de recordar que el ocio en todas sus variables, la cultura (con la importancia y trascendencia para el desarrollo individual y social) y la estética no están protegidas en nuestra Constitución como derechos fundamentales de especial atención y garantía.
Sin embargo, en estos sectores se ha venido reduciendo el IVA al tipo reducido (10%) mientras se ha mantenido el IVA al tipo general (21%) respecto del ejercicio del derecho de defensa judicial en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad”, explica la abogada de AEAFA Sonia Álvarez.
Cabe recordar que la Constitución, en su artículo 24, subraya que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Para la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), el tipo del 21% menoscaba esta tutela judicial efectiva y, en los procesos de Derecho de Familia, también cercena el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución), que entre otros aspectos reconoce la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculada con su cónyuge.
No hay igualdad de oportunidades procesales
La eliminación del IVA en las minutas derivadas de la defensa judicial también permitiría que todas las partes del proceso tuviesen igualdad de oportunidades procesales, lo que en el ámbito jurídicos se conoce como ‘igualdad de armas’. En la actualidad, esa igualdad de oportunidades no existe.
Mientras las empresas pueden desgravarse la base imponible de la minuta como gasto al tratarse de sujetos pasivos del IVA, el ciudadano de a pie no puede hacerlo. Esta circunstancia provoca un desequilibrio cuando mercantiles y ciudadanos se enfrentan en los tribunales.
“Debido a los costes, muchas personas desisten a entablar demanda y ahí es donde se produce la quiebra de igualdad de armas”, afirma Sonia Álvarez, autora de ‘El IVA de los justiciables”.
El pago en costas: desigual
Este desequilibrio también se reproduce en el paso posterior: cuando se dicta sentencia en un proceso. “Si se condena en costas a la parte que es sujeto pasivo de IVA (empresa), ésta no sólo habrá compensado el IVA de su propio abogado y se habrá deducido la base imponible como gasto, sino que se compensará el IVA de la minuta del abogado contrario y se desgravará el coste.
En cambio, si el condenado en costas es un ciudadano que no es sujeto pasivo de IVA, no sólo habrá asumido de su bolsillo el 21% del IVA de su abogado, sino que habrá de abonar también el 21% del IVA del abogado contrario”, explica la letrada de AEAFA.
Convivencia pandemia y divorcios
Desde AEAFA se indica que las parejas nunca se habían enfrentado a una cohabitación tan estrecha, larga e intensa como la que ha impuesto el estado de alarma por la pandemia de Covid-19.
Muchas, además, con problemas económicos acuciantes y con los niños todo el día en casa. Los efectos de esta situación anómala no se han hecho esperar: la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) ha constatado que las consultas sobre el divorcio a sus asociados se han disparado en las últimas semanas.
La presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano, asegura que sus miembros están recibiendo «numerosas consultas», pero aún es pronto para saber cuántas se traducirán en demandas de separación. Su intención es llevar a cabo un sondeo entre los asociados para poner cifras a esta secuela del coronavirus sobre la convivencia familiar.
El hecho es que las demandas de divorcio no han parado, y también durante el estado de alarma se están presentando, aunque por el momento se limitan a acumularse, porque la actividad judicial, salvo para algunos casos urgentes, está suspendida al menos hasta el 4 de junio. Hace unos días han comenzado las vistas telemáticas.
Reducción de la pensión de alimentos
No es el único efecto colateral de la pandemia. El parón económico ha provocado «un aluvión de peticiones para rebajar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja debido a la pérdida de ingresos», constata la presidenta de Aeafa.
El decreto-ley 16/2020 de agilización de la Justicia, aprobado el pasado 28 de abril, dio carácter «urgente y sumario» a la revisión de las medidas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos cuando cambian sustancialmente las circunstancias económicas.
Trabajadores despedidos sin derecho a prestación, desempleados o afectados por ERTE con ingresos sensiblemente inferiores a los que tenían antes, y autónomos o empresarios sin actividad a causa de la crisis sanitaria son los principales candidatos a solicitar y obtener esa reducción, al menos de forma transitoria.
Custodia compartida y régimen de visitas
Aeafa también prevé «un aluvión de procesos para solicitar una compensación de tiempo por parte de los padres y madres divorciados que se han visto desprovistos de la compañía de sus hijos durante este tiempo».
Aunque la mayoría de los juzgados de familia ha optado por mantener el régimen de custodia compartida y de visitas de los hijos de padres divorciados también durante el confinamiento, en algunas ciudades los jueces han interpretado que los menores debían permanecer en la misma casa todo el tiempo y los progenitores perjudicados tienen derecho ahora a exigir que ese desequilibrio se corrija.
Colapso judicial
A pesar de todo, ambas abogadas vaticinan que, cuando este dia 4 de junio se reanude la actividad judicial, el sistema va a sufrir un «colapso» a causa del atasco de procedimientos tras varios meses de parón sobre una Justicia que ya sufría numerosas carencias materiales y humanas.
«No basta con que a un proceso se le ponga la etiqueta de ‘urgente’ si no disponemos de medios. Tenemos un sistema de cuello de botella: todas las decisiones pasan por un juez. Si no nos dotamos de más jueces, va a colapsar», afirma Lozano, quien recuerda que la media europea es de 21 jueces por 100.000 habitantes y en España solo hay 12.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.
