En un entorno global como el que nos movemos, el abogado debe ser capaz de transmitir confianza y su saber jurídico a sus clientes. Se acabaron los pleitos eternos que duraban siglos y no hacían más que sangrar a los usuarios. Hoy se acuña el concepto de abogacía preventiva ante unos juzgados atascados. Las empresas piden a los abogados esa capacidad de anticipación para ver la fórmula más rápida de resolver el conflicto.
Ni siquiera las empresas del IBEX 35 están dispuestas a tener pleitos colgando que puedan poner en tela de juicio sus resultados a final de año. Sus asesores jurídicos, como los de muchas empresas de nuestro país, no quieren conflictos crónicos en los tribunales que merman la economía y ponen en duda la reputación de la firma en los medios de comunicación.
En esta tesitura, el abogado entiende cuál es su papel. Solventar aquellos asuntos que puedan dificultar el negocio del cliente en el menor tiempo posible y con una respuesta y solidez jurídica importante. Eso le obliga a conocer muy bien la normativa y, sobre todo, los resquicios que quedan para atacar el problema. De esta forma su cliente ahorrará miles de euros, estará más tranquilo y podrá dedicarse a lo que quiere, hacer negocios.
Trabajar desde la prevención como abogado supone conocer muy bien el terreno que uno pisa, al posible rival en el pleito y los tiempos de los juzgados. Hoy en día, por mucha razón que uno tenga en un asunto, éstos se dilatan de forma incomprensible en primera y segunda instancia, lo que genera una capacidad económica que uno no tiene.
Al mismo tiempo, por si eso no fuera elemento disuasorio, perder un pleito puede suponer que nos condenen en costas. Otro tirón económico a tener en cuenta. Son precisamente las cosas tan elevadas lo que ha hecho que en la via contenciosa administrativa, los recursos de apelación hayan disminuido significativamente por el motivo citado.
Se habló de un cambio normativo en esta parcela, pero de momento nada ha cambiado y en muchos asuntos el juez condena en costas a quien pierde. La abogacía preventiva supone tener una relación de confianza estrecha al cliente para explicarle la estrategia. Se trata de apaciguar sus ánimos y recordarle que no vamos a ir a tribunales, sino que buscaremos un acuerdo satisfactorio para evitar que el asunto se alargue sin necesidad.
Al lado de la abogacía preventiva, como herramientas complementarias que también quieren evitar la judicialización del asunto se encuentran el arbitraje y la mediación, actividades que encabezan lo que los expertos llaman métodos extrajudiciales. Fórmulas que buscan un acuerdo extrajudicial, en el primer de los casos el árbitro dicta un fallo en un laudo sobre un asunto dando razón a una de las partes.
En la mediación, no se trata de dar la razón a una de las partes, sino que el papel del abogado formado a mediador debe ser el de punto de encuentro entre los dos litigantes. La mediación puede ser antes de ir a juicio y ahora desde hace cinco años tras la aprobación de la Ley de Mediación 5/2012 se puede interrumpir el proceso judicial e intentar la mediación. Un método que en otros países funciona porque es obligatoria en algunos casos, como es en Italia o Argentina pero en nuestro país aún no ha cuajado.
Arbitraje y mediación tienen la ventaja que árbitros y mediadores que revisan ese asunto son expertos en su materia. Conocen bien el tema y todos sus recovecos e intentarán encontrar una solución a ese asunto. El árbitro normalmente falla su laudo en favor de una de las partes, laudo que es de obligado cumplimiento aunque a veces hay que ir a los Tribunales a ejecutarlo, y en el caso de la mediación, el acuerdo tiene también fuerza propia pero a veces se protocoliza ante notario para que tenga esa validez.
Abogado emplea la llamada abogacía preventiva como estrategia de cara a que tus clientes estén contentos. Ellos serán los que te hagan crecer tu negocio si haces un trabajo honesto y cualificado a nivel jurídico. Prevenir supone ahorrar dinero y costes emocionales innecesarios.
Un cordial saludo
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Luisja Sánchez, Periodista y Emprendedor jurídico
