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Los expertos esperan que el sandbox español sea una realidad tras su tramitación parlamentaria en los próximos meses

Seis países europeos cuentan ya con un sandbox regulatorio en el sector financiero. Destacan los de Dinamarca, Holanda y Reino Unido por su influencia.

27 países de todo el mundo han implementado ya sandboxes regulatorios en su ordenamiento jurídico. El grueso se encuentra en Asia, donde 14 países tienen uno, con los de Singapur, Hong Kong y Malasia como los más destacados. En Europa, seis países ya cuentan con un sandbox y sobresalen por su influencia los de Dinamarca, Holanda y Reino Unido.

En América hay cuatro jurisdicciones que los han implementado, seguida de África con dos países y Oceanía con uno, en Australia. Por su parte, en nuestro país se aprobó en su día con un alto consenso político y ahora los expertos confían que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lo apruebe de forma rápida tras su tramitación parlamentaria.

El informe Sandboxes regulatorios en el sector financiero, elaborado por Funcas y Finnovating en el marco del Observatorio de Digitalización Financiera (ODF), analiza las diferentes iniciativas llevadas a cabo por los reguladores de distintas jurisdicciones.

En este informe se define al citado sandbox regulatorio como un banco de pruebas en el que la autoridad supervisora permite a empresas financieras de base tecnológica testar sus productos o servicios dentro de un marco regulatorio con exigencias normativas proporcionalmente adaptadas a la actividad que los operadores desempeñen. Cabe destacar que el supervisor deberá velar por la estabilidad de los mercados y por la protección de los consumidores con los que se realicen las pruebas, cuya seguridad deberá ser avalada, en todo caso, por la empresa promotora del proyecto

Jornada para impulsar la aprobación del Sandbox Español

Para el desarrollo de la innovación financiera es crucial el sandbox porque da respuesta a los retos regulatorios que plantean las empresas financieras de base tecnológica o Fintech y sus nuevos modelos de negocio. Les permite testar sus productos o servicios dentro de un marco regulatorio con exigencias normativas proporcionalmente adaptadas a la actividad que los operadores desempeñen. Así, el supervisor vela por la estabilidad de los mercados y por la protección de los consumidores con los que se realicen las pruebas, cuya seguridad deberá ser avalada, en todo caso, por la empresa promotora del proyecto.

Los rasgos de estos entornos regulatorios definen a entornos relacionados con banca y seguros que operen en mercados de capitales. Están abiertos a cualquier empresa con características tecnológicas y se centra en proyectos innovadores que aún no están en el mercado. Son productos o aplicaciones que están preparadas para entrar en ese mercado. Este periodo de pruebas en este entorno regulatorio suele ser de unos seis meses y dicha forma de actuación en el sandbox se pacta entre el regulador y la empresa en cuestión que entrará en este nuevo entorno menos regulado. El promotor debe aportar ciertas garantías por si en el caso de este periodo hay algún daño.

Entrar en el sandbox no implica la exención total de obligaciones legales, sino una proporcionalidad  por parte del supervisor, en aras de adaptar estos requisitos a las características del proyecto. Al final, de lo que se trata es de poder operar en el mercado a través de la obtención de una autorización o licencia, para lo que el sandbox configura unos regímenes de salida de las pruebas encaminados a ello.

Más seguridad jurídica con el sandbox

Santiago Carbó, director ejecutivo de ODF-Funcas, considera que “un sandbox es la mejor forma no sólo de dar seguridad jurídica para el desarrollo de la digitalización en el sector financiero conforme a principios regulatorios y de estabilidad financiera adecuados, sino un marco de discusión y de aprendizaje común para el conjunto del sector”. Desde su punto de vista, en España, el desarrollo de esta iniciativa está siguiendo esos parámetros de participación conjunta de reguladores, FinTech y bancos y todos atisban beneficios de su funcionamiento”.

Rodrigo García de la Cruz, presidente de la AEFI y Jaime Bofill de Hogan Lovells

En España, comenzó a hablarse del sandbox en 2017, cuando el de Reino Unido, implantado dos años antes, empezaba a dar resultados tangibles. En julio de 2018 salía a consulta pública el Anteproyecto de Ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero, en el que se apuntaba la creación del sandbox.  A fecha de la elaboración del presente informe, el Anteproyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros para su tramitación como ley ordinaria por el parlamento en los próximos meses.

Por su parte, Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating, destaca que “aunque pendientes de su desarrollo y puesta en marcha, el sandbox español es uno de los más ambiciosos y completos a nivel mundial, puesto que permite la entrada de compañías reguladas y no reguladas, por su doble actividad de exención y no sujeción. Además, cuenta con un papel privilegiado como puente entre Europa y Latinoamérica”.

Reino Unido fue pionero en 2015 con uno de los sandboxes más exitosos a nivel mundial. En total, 88 proyectos han pasado por el sandbox británico en cinco convocatorias, repartiéndose entre diversos sectores de actividad y con una duración de entre seis y 12 meses.

El 70% de los proyectos corresponden a Fintech, el 14% a RegTech y el 16% restante, a InsurTech. Además, empresas como Barclays, HSBC, Lloyds Bank, Experian o Notionwide tuvieron la posibilidad de acceder al banco de pruebas. La entrada y paso de estos proyectos por el sandbox ha facilitado, en múltiples ocasiones, el acceso a financiación por parte de inversores externos.

Entre los proyectos destacan por su presencia aquellos que han experimentado con la tecnología de Distributed Ledger Technology (DLT). Entre ellos se encuentran todo tipo de aplicaciones al sector financiero, desde criptomonedas hasta seguros registrados en blockchain. También han cobrado especial relevancia tecnologías como las Application Programming Interface (API), la biometría, la Inteligencia Artificial o el Big Data.

 

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

 

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