Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y Vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del CGAE, destaca la expansión del derecho de los consumidores.
La última sentencia del TJUE que avala la devolución íntegra a los consumidores de lo cobrado por los bancos en concepto de cláusulas suelo, incluso si han cobrado ya una parte como señalaba la doctrina del Tribunal Supremo, ha vuelto a poner de actualidad el llamado derecho de consumo.
En España el Tribunal Supremo reconoció en mayo del 2013 la abusividad de las cláusulas suelo y ordenó devolver los importes cobrados, pero solo los pagados a partir de esa fecha de 2013, algo que ahora rebate el TJUE.
El Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios y los circunscribe exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de una cláusula abusiva después del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró ese carácter abusivo”, afirma el TJUE en su sentencia sobre el asunto de Unicaja.
Para Rosana Pérez Gurrea, abogada con despacho propio en La Rioja, habrá que ver cómo se articula esta medida. Desde el 2013 se le ha devuelto a las familias una media de 4.000 euros, pero es que a alguien con una hipoteca desde 2004 serían 15.000 euros para una hipoteca de 130.000 euros, así que le deben 10.000.
Desde su punto de vista, “hay que darse cuenta que el derecho de consumo siempre ha existido, lo que ocurre es que en los últimos años tiene más actualidad que nunca. El auge es mayor y deriva en una mayor protección de los consumidores y eso se articula de diferentes leyes, de la trasposición de distintas directivas así como de la jurisprudencia de los tribunales que marcan la pauta”.
El escenario es notable, “abogados y consumidores llevamos años luchando ante las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios; gastos hipotecarios que han afectado a muchos consumidores. El propio fenómeno del índice hipotecario IRPH sigue afectando a muchas familias. Ahí los fallos de los tribunales están siendo claves”.
Al mismo tiempo, nos señala que “el porcentaje de asuntos que ganamos los abogados es muy elevado en los tribunales. Muchas de ellas están basadas en la falta de información dada al consumidor por parte de las empresas. Sin esa información el consumidor no entiende realmente lo que firma. Esas cláusulas son abusivas y nulas de pleno derecho”.
Junto con este contexto “ha surgido otro provocado en los dos últimos años por la pandemia del Covid19 que agrupa cancelaciones de vuelo o las propias quejas ante los recibos de luz y el gas e incluso compra de productos defectuosos. Ahí es importante tener toda la información adecuada para saber realmente qué plazos hay para reclamar y de qué manera. Se trata de garantizar la protección del consumidor que señala el artículo 51 de la Constitución Española”.
Para esta jurista, “en este tipo de situaciones es importante que el consumidor tenga la información adecuada de cuáles son sus derechos. Creo que se ha avanzado bastante en ese sentido. El papel de las asociaciones de consumidores y del propio Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) está siendo importante. No obstante aún es necesario impulsar una buena educación financiera qué ayude a nuestras reclamaciones como consumidor”, destaca.
Evitar al juicio
Nuestra interlocutora reconoce que muchas de las consultas que recibe en su despacho tiene que ver con cómo ejercitar dicha reclamación “siempre les decimos lo mismo. Lo primero hay que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa en cuestión, usaremos las hojas de reclamación o los servicios de atención al cliente, en caso de no estar conforme podemos acudir al arbitraje de consumo, como mecanismo extrajudicial de conflictos antes de meternos en un juicio”.
En este contexto esta jurista destaca el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) que informan gratuitamente de cómo se puede ejercer ese derecho a reclamar, si todo esto falla tendremos que ir a la vía judicial para defender nuestros derechos. Una vía muy sobrecargada de asuntos, lo que genera que muchos de estos temas se resuelvan de forma muy lenta”.
Rosana nos aclara que “si aquello que reclamamos no supera los 2000 euros no necesitamos ni abogado ni procurador, pero estamos ante la vía más lenta y costosa porque un asunto de este tipo, contando con que la entidad financiera recurra puede durar varios años”.
Desde su punto de vista los fallos del TJUE últimos o los relacionados con las comisiones bancarias ponen de manifiesto la importancia de los fallos judiciales a este respecto.
Comisiones bancarias abusivas
Hace unos días el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria condenaba a BBVA a cesar el cobro de comisiones por ingreso en efectivo en ventanilla a terceros y por retirada de dinero en efectivo por parte del titular de la cuenta por un importe igual o inferior a 2000 euros. Así, considera esta acción “una práctica abusiva».
El fallo llega después de que la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) interpusiera una demanda contra la entidad bancaria.
De esta forma, la condena obliga a la parte demandada a finalizar con la práctica indicada y “a eliminar de sus condiciones generales las cláusulas contractuales por la que impone el cobro de estas comisiones, absteniéndose de llevar a cabo la conducta y de utilizar las cláusulas señaladas en el futuro”.
Además, la sentencia señala que se impondrá una multa coercitiva de 1000 euros diarios a la demandada si no elimina la comisión prohibida en el plazo de 20 días desde la firmeza de la sentencia. No obstante, BBVA podrá sujetarse al derecho de impugnación, por el que podrá proceder a un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.
La sentencia a BBVA para el cese del cobro de comisiones “abusivas” se suma a las de Bankinter y Kutxabank, ambas entidades financieras también fueron demandadas por la EKA/ACUV e interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava, cuyo organismo tumbó sus recursos.
Nuestra interlocutora es vocal de la Subcomisión de Defensa de la Competencia y Derechos de los Consumidores del CGAE “trabajamos en una mejor protección de los consumidores. Ahora tenemos pendiente una celebración de una jornada de derecho de consumo con el CCU, con el que tenemos firmado un acuerdo de colaboración”.
Abogados especializados.
El auge de esta actividad ha hecho que muchos abogados se hayan especializado en lo que se llama derechos de los consumidores . En ese escenario ha surgido la Asociación Española de Derecho de Consumo que celebrará su Congreso Anual los próximos 16 y 17 de junio en Burgos, que aglutina muchos de estos profesionales.
Para esta jurista “todo este movimiento de reclamaciones hipotecarias ha especializado a muchos abogados en este tipo de materias. En este tipo de asuntos de cierta complejidad es fundamental que el consumidor elija un abogado especializado que conozca bien este tipo de temas”.
Rosana nos destaca que “ahora con el Estatuto de la Abogacía vigente se refuerzan las obligaciones del abogado para con su cliente. Hay que ser leal y legal con el cliente. Se nos exige a los abogados mayor diligencia en cuanto al deber de información, la necesidad de la hoja de encargo para que sepa los servicios que contrata, el importe de la minuta y las obligaciones fiscales”.
Los consumidores ahora se encuentran inmersos en otro frente propiciado por el cambio injustificado por parte del Gobierno de las tarifas eléctricas. Las quejas se han incrementado y la CNMC parece que va a expedientar a alguna de estas empresas.
En opinión de esta jurista “todo parte de un defecto de información. Muchos consumidores no saben si están en el mercado libre o regulado. Leer las facturas de la luz es complicado y tampoco hay una información de la potencia contratada, qué se está pagando por ello. Lo ideal sería encontrar una oferta que se ajustase a nuestras necesidades, pero no es tan sencillo lograrlo”.
Llegan las acciones colectivas
En cuanto a las reclamaciones de los consumidores, se observa que ya empiezan a utilizarse las acciones colectivas para determinados asuntos.
Así hace unos días la OCU interponía una frente a Apple que afecta a más de 400.000 consumidores por los problemas con el Iphone 6. En opinión de esta experta “es posible que puedan tener una salida para determinados asuntos aunque necesita una mejor regulación. Esto supondrá ahorro de tiempo y costes para los propios consumidores”.
Ahora España tiene la oportunidad de integrar un mecanismo de acción colectiva opt-out mediante la trasposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, cuyo plazo vence en diciembre de 2022, para su entrada en vigor en junio de 2023.
De esta forma, todos los afectados quedarían incluidos automáticamente en la acción de clase y mediante un único procedimiento judicial se sustanciarían todas las cuestiones en disputa, alcanzando una única decisión judicial aplicable a toda la clase representada.
“Esto reduciría de forma drástica la multitud de procedimientos judiciales con un mismo objeto, que favorece el colapso de los juzgados. En otros países está funcionando, en nuestro país falta la trasposición”.
Esta experta señala que buen ejemplo de ello es el cártel de los camiones y los miles de pleitos que inundan actualmente los juzgados españoles, alcanzando, incluso, distintas indemnizaciones dependiendo del lugar del litigio, a pesar de que las posiciones procesales sean prácticamente idénticas.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.
