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La transformación digital pendiente de la abogacía española, a propósito del COVID-19

Por Luis A. García Segura, Abogado y Profesor en la cátedra Nebrija-Santander en Análisis y Resolución de Conflictos

@lagslaw

La crisis mundial del COVID-19 ha provocado la aceleración de los procesos de digitalización de diversas industrias en la Unión Europea. Según una encuesta de McKinsey Digital de julio 2020, en la que participaron más de 20.000 consumidores europeos, el salto cuantitativo medio de digitalización de los países europeos fue de 2-3 años. 

Las industrias de la banca, entretenimiento digital y supermercados, fueron las que más porcentaje de usuarios digitales ganaron. El 70% de dichos consumidores manifestó que seguirían utilizando los servicios digitales al mismo ritmo o aún más que durante el COVID-19. 

Esta tendencia encaja perfectamente con el desarrollo que han tenido las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la región durante los últimos cuatro años, según las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones:

Partiendo de este panorama, la abogacía española está obligada a seguir modernizándose y aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TICs, de cara a la sociedad en general.

 De ahí que el recién aprobado Estatuto General de la Abogacía, haga un llamado a la adopción de las nuevas tecnologías, para ir cumpliendo con los avances necesarios en la digitalización de la justicia. A estos efectos, el art. 72 sobre disposiciones generales de los Colegios de abogados, se redacta bajo el título de “Medios tecnológicos” y reza:

Los Colegios de la Abogacía adoptarán cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de los deberes impuestos en este Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, incorporarán para ello las tecnologías precisas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas.

En el caso del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como colegiado ejerciente que somos, nos consta que han ido avanzando en los últimos cinco años en esta meta. No obstante, todavía estamos lejos de cumplir todo lo proyectado en el Plan Estratégico Abogacía 2020, publicado en febrero del 2017 por el Consejo General de la Abogacía Española. Recordemos que dicho plan tenía cinco ejes estratégicos, uno de los cuales era el “Eje 3. Una abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada”, con los siguientes objetivos:

Precisamente la medida 79 del objetivo 2, llamada “Proyecto de transformación digital de la abogacía” resume las expectativas de los consumidores:

La Abogacía Española, en este sentido, debe maximizar su capacidad para procesar datos e interactuar de un modo más orgánico y profundo con los usuarios. Todo ello requiere reforzar capacidades institucionales así como adaptar las habilidades de nuestros equipos técnicos a las necesidades de una nueva época. Del mismo modo, hay que seguir avanzando en la mejora de procesos de trabajo, aplicando tecnología para automatizar procedimientos manuales, acelerar la ejecución, reducir errores y ahorrar costes.

Según podemos apreciar, las tareas pendientes están identificadas desde hace años. Sin embargo, no tenemos claro que el COVID-19 haya acelerado o impactado a nuestra industria de la misma forma que ha impactado a otras. 

Más bien, podríamos llegar a pensar que nos vemos abocados a un retraso del cumplimiento de dichas tareas, partiendo del simple hecho del retraso y atasco administrativo producido en los Juzgados de los grandes partidos judiciales. 

Queremos ser optimistas y pensar que todavía podemos aprovechar las circunstancias. Lo primero que habría que hacer es reconocer que estamos mal, que sin COVID-19 no íbamos a cumplir y que con COVID-19 tenemos una oportunidad de oro para recapacitar y tomar impulso de cara al mundo post COVID-19.

Está en nuestras manos empoderarnos y estar a la altura.

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