Las consecuencias de la pandemia se destacan ya como una de las nuevas áreas de actuación para el conjunto de la profesión, según el Barómetro Interno del CGAE elaborador por Metroscopia.
Uno de cada tres abogados y abogadas españoles están llevando ya algún caso relacionado con el Covid-19 o tiene en su despacho uno para tramitarlo en los próximos meses.
Hay que recordar que desde la proclamación del primer estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado diferentes reales decretos, al igual que las 17 Comunidades autónomas han impuesto medidas restrictivas, algunas de ellas han acabado en los tribunales.
En este escenario de tanta confusión normativa, ciudadanos, empresarios y profesionales han tenido a su lado a la abogacía para poder entender estos cambios normativos y también para defender sus derechos entre toda esta legislación tan prolija.
Para los abogados esta siendo un momento importante. De estudio de la normativa nueva y de asesoramiento más rápido a sus clientes ante las situaciones derivadas de la pandemia. Eso ha hecho que muchas empresas necesitasen asesoramiento legal más directo sobre determinadas cuestiones.
A este respecto hay que reseñar que el sector asegurador y muchos abogados especializados en seguros han estudiado la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Girona del pasado 3 de febrero.
Dicho fallo está generando preocupación en el sector asegurador ante un alud de posibles reclamaciones y las consecuencias que podría tener para las cuentas de las compañías, como ya ha sucedido en el Reino Unido.
El origen de la inquietud es la decisión del tribunal que ha condenado a la aseguradora SegurCaixa Adeslas a pagar 6.000 euros a la propietaria de la pizzería Bela Napoli en la capital gironina por las pérdidas que le ocasionó el cierre del negocio por la pandemia.
La sentencia, contra la que no cabe recurso, también condena a pagar los intereses legales. El papel de los abogados que han llevado este tema ha sido clave en dicha reclamación.
Las restricciones para frenar la tercera ola del coronavirus han vuelto a golpear a la hostelería. Los cierres o aperturas limitadas de bares y restaurantes han sido una tónica en las diferentes comunidades autónomas.
En un clima de protestas por parte del sector, los gobiernos regionales e incluso los tribunales están levantando algunas de las medidas de manera progresiva y a ritmos diferentes en función de la comunidad.
A este respecto el lehendakari, Iñigo Urkullu, trató de zanjar este viernes la polémica generada tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de autorizar la apertura de los bares y restaurantes en toda la comunidad, en contra del criterio del Gobierno autónomo.
No habrá recurso contra el auto pese a que el Ejecutivo no comparte ni entiende el fallo judicial. Ahora hay otros TSJ de otras Comunidades Autónomas que estudian el tema.
Estar bien asesorado
Así lo admiten los propios profesionales, según los resultados de la última edición del Barómetro Interno de la Abogacía elaborado por la empresa Metroscopia.
Este Barómetro los lectores de este blog lo pueden consultar a través de este enlace. Las reclamaciones vinculadas a las consecuencias de la pandemia se materializan de esta forma como el principal nuevo ámbito de actuación para la profesión de cara a los próximos meses.
De forma más detallada, el informe de conclusiones del Barómetro Interno expone que un 25% de los abogados afirma que ya han pasado por sus manos reclamaciones relacionadas con las consecuencias del Coronavirus, mientras que otro 25% asegura que lo hará en los próximos meses.
Aunque parece obvio que muchos de quienes ya están tramitando este tipo de reclamaciones continuarán haciéndolo en un futuro inmediato, otros se les sumarán, por lo que al menos un tercio de los profesionales se verá inmerso en este tipo de procedimientos, según la estimación realizada por la empresa Metroscopia.
La pandemia está modificando el tipo de asuntos sobre los que los profesionales tienen que trabajar ahora y también la forma en que desarrollan su labor. Así lo aseguran los propios abogados y abogadas encuestados.
Para un 81% de ellos, “la profesión habrá de readaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando cambios importantes y permanentes, y de carácter tanto formal como sustancial, en el modo de ejercerla”.
No es por ello extraño que una parte importante de los colegiados haya tenido que realizar un importante esfuerzo para ponerse al día en la utilización de las nuevas tecnologías.
Si en el anterior Barómetro Interno era sólo el 55% el número de encuestados que decía estar preparado para usar en su trabajo las herramientas digitales “de forma razonable ágil y eficaz”, en éste último estudio el porcentaje alcanza el 85%.
Un 15% admite, no obstante, que todavía carece de los conocimientos suficientes para manejarse con soltura en el uso de la tecnología.
También ha crecido hasta alcanzar un récord el número de letrados y letradas que consideran que el funcionamiento de la Administración de Justicia ha empeorado (54%) y el de quienes cree que funciona mal (82%).
Por último, el Barómetro Interno constata que una mayoría de los abogados (57%) sigue considerando que la sociedad española tiene una mala imagen de la profesión; pese a que esa visión no se comparece históricamente con la realidad de la investigación social.
Al contrario, una amplia mayoría de españoles cree que los abogados desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico
