La crisis provocada por el Covid 19 y acentuada por la inflación y la guerra de Ucrania está provocando también estragos en los conflictos familiares.
No hay día que bufetes como el que dirige Delia Rodriguez, Vestalia Abogados de Familia, tenga una consulta sobre qué opciones hay de cambios en el convenio regulador o sentencia de una pareja divorciada.
Para esta jurista “hay consultas que plantean simplemente la posibilidad real de divorciarse o separarse. La verdad es que hay familias que se lo piensan dos veces antes de separarse o divorciarse de su pareja en este escenario de recesión económica. Este proceso acarrea gastos importantes que no todo el mundo se puede permitir en la actualidad”.
Al mismo tiempo la letrada destaca que el papel del abogado de familia en este tipo de contextos es el de advertir a su cliente de lo que puede avecinarse en un futuro más o menos inmediato.
“Un buen abogado de familia procura asesorar para evitar, en la medida de lo posible, problemas futuros. Muchas veces me encuentro con convenios reguladores que se han firmado “deprisa y corriendo”, obligando a una de las partes a cumplir unas condiciones por encima de las posibilidades”.
A este respecto señala Delia que “en algunos de estos convenios hay pago de pensiones de alimentos o compensatorias que no son realistas, ni justas. Cada paso que se da en un divorcio hay que hacerlo con cabeza fría y asesorado por un especialista. Cada día la sociedad toma más conciencia de la importante el asesoramiento preventivo en materia de familia y se multiplican este tipo de consultas”.
Sobre los gastos directos o indirectos vinculados a un proceso de divorcio o separación “todo depende de cada caso, sabiendo que los honorarios de abogados son fijados libremente por el profesional en cuestión, y pactados entre este y el cliente”.
“Orientativamente podríamos hablar de unos honorarios, en un procedimiento contencioso, dentro de una horquilla que oscila entre los 2.000 a 6.000 euros. En el mutuo acuerdo los precios son más reducidos, sobre los 1.200 y 1.800 euros, pudiendo incrementarse si existe la liquidación de gananciales”.
A estos costes debemos añadir los que Delia llama gastos colaterales tras conformarse dos nuevas unidades familiares “que pueden suponer, por ejemplo, duplicar los gastos de vivienda y suministros”, a pesar de que los ingresos familiares se ven reducidos al separarse los progenitores”
“ Esto puede generar que algunos divorcios se paralicen forzosamente. Este es uno de los dramas silenciados del derecho de familia, el tener que convivir en el mismo techo con otra persona con la que ya no hay un vínculo afectivo, incluso, a veces, existe un malestar o enemistad manifiesta”.
El problema de los paros forzosos
Para esta experta en derecho de familia “este tipo de situaciones de parón forzoso, o las derivadas por el tiempo de espera de los juzgados, pueden llegar a convertir una separación en un auténtico infierno, generando situaciones de conflicto o violencia de género o doméstica que podrían haberse evitado en su momento”.
Delia Rodríguez aclara que “las familias pueden esperar hasta cinco o seis meses hasta tener unas medidas paternofiliales provisionales en un auto o sentencia judicial”, “esto hace que el nivel de conflicto en el hogar pueda elevarse, primeramente, en cotas de violencia verbal que pudieran derivar en violencia física entre las partes, lo que genera situaciones dramáticas en las que los menores muchas veces están presentes”.
Nuestra interlocutora destaca que “el hecho de que la principal fuente de ingresos de la unidad familiar (y obligada al pago de pensiones) se quede sin empleo supone un cambio sustancial que puede desembocar en un cambio de las medidas paternofiliales”
“De ser una situación que se mantiene en el tiempo, podría ser causa de una reducción de la pensión de alimentos por una reducción notoria de su capacidad adquisitiva” comenta
A su juicio “lograr esa reducción puede ser viable de acreditarse que existe ese cambio en detrimento de la economía del obligado al pago de las pensiones”, si bien conseguir la extinción total de las pensiones, cuando existe menores, es muy complicado, debiendo demostrarse que existe una situación de precariedad extrema por parte del progenitor”.
Si verdaderamente viene una crisis económica, señala la letrada, “los progenitores que pasen a peor fortuna podrán solicitar una revisión de las medidas paternofiliales, teniéndose en cuenta también otros recursos y rentas, su capacidad de conseguir un nuevo empleo o los ahorros o el patrimonio inmueble con el que cuenten”
También destaca Delia que “existe la falsa creencia de que si estás desempleado no tienes que pasar esa pensión de alimentos. Pero la deuda se acumula y hay un plazo para reclamarla de cinco años; por eso lo primero que hay que hacer urgentemente si estás en esta situación es solicitar que se modifiquen las medidas paternofiliales vigentes adaptándolas a la actual situación económica de ambos progenitores”.
En estos procedimientos de modificación de medidas “tenemos la opción de solicitar medidas provisionales coetáneas a la demanda, si bien los tiempos de espera pueden alargarse seis o siete meses, ya que no se consideran procesos tan urgentes como otros. Todo depende de la carga del juzgado donde se turne cada asunto en concreto”.
Cuidado con las dilaciones
La jurista recuerda que “se creó un procedimiento ex novo cuando tuvo lugar la pandemia, con procedimientos de familia express. Uno de ellos tuvo que ver con el ajuste de las pensiones a la situación económica que vivían muchas familias. Pero a día de hoy, las dilaciones son extensas, mientras que la deuda no deja de crecer, sumiendo a algunas personas en situaciones económicas críticas”.
Respecto a la reducción de la cuantía de la pensión “habrá que analizar cada caso concreto, valorando la situación de la persona que solicita la revisión. Si lleva desempleada pocos meses, por ejemplo, el juez puede entender que tiene capacidad de volver al mercado laboral, y que no existe un cambio lo suficientemente sustancial.”
“Recomiendo acreditar que se está en búsqueda activa de empleo. También se comprobará en el proceso si tiene otros recursos o rentas, ahorros o patrimonio mueble o inmueble”, comenta
Para Delia Rodríguez “a la hora de reducir el statu quo de los menores se mira con lupa por parte del juez que verdaderamente no existen más opciones con la situación económica de ambos progenitores. La pensión de alimentos debe fijarse en función de las necesidades de los menores, y del caudal de los progenitores. Si bien tras muchos divorcios no queda otra que “ajustarse el cinturón” y bajar el nivel de vida”.
“Los gastos escolares, por ejemplo, los cuales van incluidos en las pensiones de alimentos como ordinarios que son, pueden ser motivo de reducción de las mismas. Hay niños que acuden a colegios privados con cuotas que superan los 1.000 euros mensuales. Si el progenitor con mayores recursos económicos queda desempleado, se plantea la necesidad de un cambio de centro educativo a un concertado o público, para reducir costes”.
Este tipo de cambios de colegios suelen realizarse mediante “expedientes de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad; un proceso distinto al de modificación de las pensiones de alimentos”.
“Es una de las primeras acciones que se puede efectuar si realmente no se puede mantener el pago de la cuantía de las pensiones. Aquí la mediación sería ideal para resolver este tipo de asunto, por acortar tiempos de espera y restar tensiones entre los progenitores que acaban salpicando a los niños”, aclara.
Anticiparse a los cambios
Otro asunto importante que destaca esta abogada experta en derecho de familia tiene que ver con que “hay muchos progenitores que llevaban tiempo rondando la idea de solicitar la extinción de las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad”.
“Hablamos de casos de hijos que llevan años repitiendo curso, no rinden cuentas sobre sus resultados académicos o no hacen nada por encontrar un oficio, a pesar de haber acabado sus estudios de ciclo profesional. Muchos de ellos no han dado el paso, a pesar de poder legalmente, porque tienen cargo de conciencia al sentir que dejan de apoyarles”, subraya
Sin embargo, en estos momentos de crisis económica, si el progenitor se ve en la necesidad al quedar desempleado, “es el momento de solicitar la modificación de medidas a nivel económico, concretamente la extinción de las pensiones cuando se den las circunstancias para ello”.
“Lo recomendable es enviar un burofax a la otra parte para llegar un acuerdo y, si en un plazo razonable no hay respuesta, interponer una demanda”.
En cuanto a la extinción del uso de la vivienda familiar, Delia destaca que “cuando en las medidas paternofiliales se ha adjudicado de manera temporal el uso del domicilio a una de las partes, por ser el interés más necesitado de protección, podría solicitarse esto mismo si el otro progenitor pasa a peor fortuna.”
“En este tipo de situaciones la venta de la vivienda podría ayudar a recuperarse a los dos cónyuges a medio plazo”, subraya.
Otra cuestión susceptible de cambios es cuando conviven en el domicilio familiar terceras personas. “Ante una crisis económica que podría acontecer, algunos clientes preguntan sobre si pueden solicitar la extinción del derecho de uso del domicilio a favor de la progenitora custodia, quien convive con un tercero. Aquí es imprescindible acreditar que se trata de una relación de convivencia estable, siendo la mejor herramienta el detective privado”.
En este contexto Delia Rodríguez nos advierte que pueden generarse situaciones de fraude. “sobre todo en casos de profesionales autónomos que justifican con sus declaraciones de IVA que no tienen ingresos suficientes”.
“En estos casos, nuevamente nos vemos obligados a utilizar los servicios de detectives para acreditar el verdadero nivel de vida de quienes emplean la economía sumergida para eludir sus obligaciones familiares. Los jueces atienden a los documentos oficiales (Renta, IVA), por lo que, si no das más pruebas de parte, se quedarán con estos datos”.
Planificar en tiempo de crisis
Para esta jurista “es muy importante poder planificar de la mano de tu abogado de familia, con tiempo suficiente, un nuevo escenario estratégico para poder anticiparte a estos cambios forzosos que vienen por crisis económicas. Hay personas que dejan crecer la bola de nieve, y acuden con deudas de miles de euros, cuando ya no podemos hacer mucho”.
Desde su punto de vista “va a ser clave el último trimestre del año; debemos tener en cuenta que los procesos judiciales llevan un tiempo y si ya estamos inmersos en una situación de precariedad económica, conviene anticiparnos y, cuando menos, asesorarnos con un abogado de familia”.
En su opinión, “el asesoramiento preventivo es imprescindible. Gracias a acudir a tiempo a un abogado de familia puedes, no solo ahorrar dinero, sino también preservar la relación con tus hijos. Es una inversión que siempre es rentable, porque los profesionales del derecho de familia protegemos los intereses más importantes de las personas”.
En esas consultas legales, Delia Rodríguez subraya que al final de lo que se trata es de tener claro los pasos que debes dar: “saber qué tipo de obligaciones existen, qué derechos tienen, y que pasos puede dar esta persona para conseguir los mejores resultados en un procedimiento judicial.”
Esta jurista pone el énfasis en que “el abogado de familia, como el médico de cabecera, es un profesional al que conviene acudir incluso antes de que nos duela algo, como un chequeo rutinario para comprobar que todo está bien en nuestras vidas”.
Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.
