También crecen los procedimientos de Segunda Oportunidad, centrados en personas físicas, con Cataluña como centro prioritario.
La ola de la insolvencia sigue creciendo en nuestro país. Los concursos de acreedores –la antigua suspensión de pagos– aumentaron un 37% en 2021 pese a la moratoria para estos procedimientos aprobada por el Gobierno, hasta la cifra más elevada desde 2014.
Según el seguimiento de Iberinform –filial de Crédito y Caución– de las operaciones publicadas en el BOE, las empresas españolas solicitaron el año pasado 6.051 concursos de acreedores, frente a los 4.413 del año 2020.
Señala en un comunicado que los confinamientos y las moratorias decretadas durante la primera ola de la pandemia redujeron drásticamente la presentación de procesos concursales.
Este es el momento de los expertos en insolvencia y reestructuraciones de empresas que están ayudando a estas empresas tocadas por la insolvencia a mantenerse operativas, siempre que sean viables financieramente.
De hecho grandes firmas de abogados como boutiques especializadas como Debify, Kepler Karst o Pluta Abogados trabajan con las compañías para gestionar sus activos y buscar la manera de reorganizar el negocio.
En estos momentos hay un proyecto de reforma concursal que acaba de enviarse al Parlamento que no convence a los expertos. Elimina la figura del administrador concursal y pretende que en muchos casos sea el deudor quien gestione su asunto en los procedimientos de pymes.
“Tanto España como los mercados de nuestro entorno han adoptado medidas para frenar las declaraciones de quiebra, modificando los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del acreedor para forzar su admisión a trámite o proporcionando suficiente apoyo financiero al deudor para retrasar su presentación”.
En el caso de España, se ha declarado una tercera prórroga de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022.
“A pesar de este escudo legal, que exime a las empresas en una situación de insolvencia de sus obligaciones de declararse en concurso de acreedores, los datos reflejan un incremento de los niveles de concursalidad”, apunta.
Los expertos en insolvencia señalan que entre el efecto de la moratoria y las medidas del Estado, moratoria, ICO y ERTES no ha habido incremento importante de concursos. De momento las empresas pese a estar en una situación de crisis no acuden al concurso de acreedores.
Moratorias que solo aplazan el problema
Sin embargo, cuando se abra la moratoria habrá empresas que hayan cerrado y otras que presentarán concurso, pero no tendrán nada que liquidar. Es un problema para la economía porque no crea empresas. El legislador debería pensar en recuperar la economía y no permitir esta sangría.
A este respecto, otro dato importante es que se han incrementado más los concursos de personas físicas que de empresas. A este respecto Cataluña supone el 30 % del total en cuanto a la Segunda Oportunidad.
Cataluña (24% del total de casos) y Madrid (otro 23%) son las comunidades autónomas donde más concursos se declaran. Les siguen la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía (9%). Por sectores, predominan las insolvencias de compañías dedicadas a servicios (52% del total), seguidas por construcción (22%) e industria manufacturera (14%).
Por otra parte, desde mediados de marzo de 2020, en el marco de contención de la pandemia y debido a la crisis, “se adoptaron medidas económicas que no solo redujeron al mínimo la actividad concursal sino también congelaron durante unos meses la toma de decisiones empresariales”.
Esto ha provocado que en el conjunto de 2021, la constitución de empresas registrase un crecimiento del 28% respecto al ejercicio anterior, hasta las 101.839.
La constitución de empresas se concentró en Madrid (23% del total), Cataluña (19%) y Andalucía (17%). Por sectores de actividad, servicios (47%) y construcción (32%) concentran la creación de nuevo tejido empresarial en España, a mucha distancia de la industria manufacturera (4%).
Aparte de los concursos, las disoluciones empresariales aumentaron un 20% en 2021, hasta alcanzar los 27.760 cierres. Construcción y actividades inmobiliarias, con 6.624, y comercio, con 5.477, encabezaron los procesos de disolución el pasado año. Si añadimos las 4.450 disoluciones de servicios empresariales suponen cerca del 60% del total.
El problema de la morosidad
La morosidad podría convertirse en una de las principales consecuencias de la pandemia. A pesar del avance de la economía, las empresas siguen incrementando el riesgo de impago, y las previsiones para el 2022, que está a punto de comenzar, no son nada halagüeñas.
Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, en el que han participado compañías de 29 países europeos, el 47% de las organizaciones españolas identifica la solvencia de sus clientes como el principal reto al que se enfrentará el próximo año.
A pesar de las moratorias de pago y las carencias de los créditos ICO, el tejido empresarial sigue manifestando fragilidad con un volumen de crédito renegociado nunca visto en los últimos seis años, tal y como apuntan los históricos del Banco de España.
Una situación que hace que, además de la liquidez de los clientes, los negocios hayan aumentado su preocupación por aquellos que aún tienen pagos pendientes con ellos, siendo este el segundo desafío a afrontar más mencionado por las empresas encuestadas.
De hecho, mientras que el año pasado el 28% de las organizaciones españolas señalaba como reto conseguir el abono de las facturas pendientes de clientes con dificultades económicas, ahora ese porcentaje ha aumentado hasta el 41%, en línea con la media europea (41%).
Junto a los retos anteriores, otros de los aspectos que también apuntan las entidades consultadas son el riesgo de recesión paneuropea (37%), conflictos con sus clientes en referencia a los productos y servicios prestados (35%) o la falta de experiencia empresarial de muchos de ellos (32%).
El pago por adelantado pierde puntos como medida de protección contra impagos.
El dilatado retraso en el abono de las facturas ha propiciado que los negocios españoles tomen medidas de precaución, pues una cuarta parte (25%) asegura haber aumentado sus pérdidas crediticias en el último año.
Con el objetivo de evitarlo, las organizaciones solicitan pagos por adelantado al entregar sus productos o servicios. Sin embargo, y aunque sigue siendo la opción preferida de las pymes y grandes corporaciones, esta opción de cobro ha sido empleada por menos empresas que el año anterior.
Si se analiza la evolución de las cifras en el último año, se observa cómo el año pasado la mitad del tejido empresarial (51%) recurría al pago por adelantado para evitar impagos. A día de hoy, el porcentaje se sitúa 10 puntos por debajo (41%).
Por su parte, las verificaciones de crédito son el método de prevención preferido del 34% de las empresas españolas, un 4% más que el año pasado, seguido del cobro de las deudas, señalado por el 24% de las compañías encuestadas.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico
