El CEF.- y Lefebvre Formación reúnen a más de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales.
El CEF.- y Lefebvre han celebrado hace unos días una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las novedades normativas y las implicaciones de su cumplimiento en esta materia, a la que han asistido más de un centenar de profesionales y expertos del sector que han podido compartir sus experiencias.
La jornada, inaugurada por José Antonio Sánchez, director de estudios del CEF.- y Juan Pujol, presidente de Lefebvre, con un enfoque práctico y dirigida al networking, ha tenido lugar en el Auditorio Banco Sabadell y contó con la intervención de Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC; Raquel Cabeza directora de PWC; José Manuel de Alarcón, inspector de Hacienda y jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria); Ignacio Alberich, analista del Órgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado; Luis Rubí socio director en Rubí Blanc Abogados; y Francisco José López, director académico de la jornada.
Juan Manuel Vega director del SEPBLAC, ha destacado que el nivel de cumplimiento de las sociedades españolas es sustancial y ha señalado que “aunque la prevención tiene costes, produce un efecto reputacional en el sector”.
Durante su intervención, ha compartido las recomendaciones del SEPBLAC y los objetivos de un buen sistema de control interno: gestionar los riesgos adecuadamente, mediante un buen análisis, prevenir el delito y mejorar la calidad de la comunicación.
Vega ha declarado que “en España tenemos un sistema robusto pero es necesario realizar un análisis global y evitar la criminalidad financiera; que no solo se detecten los casos sino que los expulsen”.
A continuación, Raquel Cabeza, directora de PWC, se ha referido a las novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la adaptación a la quinta directiva, y señaló que “el camino a seguir es un mayor control y atención, así como la creación de un nuevo supervisor en el ámbito europeo, que debería controlar la actividad crossborder”.
También apuntó esta experta que en este momento “Hay que tender a una mayor armonización y supervisión. En España tenemos un buen nivel, pero para otros países supone un cambio de cultura importante por la aparición de sanciones”.
Por su parte, José Manuel de Alarcón, inspector de Hacienda y jefe de la ONIF, se ha referido al papel de las nuevas tecnologías, como las criptomonedas y el blockchain, y su utilización como instrumentos de fraude y blanqueo de capitales.
Según señalo a los asistentes en su explicación “la única ventaja que aporta el bitcoin respecto al euro o monedas tradicionales es que es anónima, por eso las novedades normativas van encaminadas a evitar ese anonimato”. Además, ha explicado que este anonimato también puede suponer una desventaja, al no poder justificar una titularidad, pérdida o ganancia, ante Hacienda, y ha recordado que la rapidez en la detección del fraude es fundamental para reducir su alcance.
Tras el descanso, Ignacio Alberich, analista del Órgano Centralizado de Blanqueo de Capitales del Notariado, hablaba sobre las bases de datos de titularidad real. Al mismo tiempo explicó el funcionamiento de este organismo al que los notarios envían cualquier operación que puede ser presuntamente irregular.
Esta entidad habría remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) desde 2005 más de 5.000 operaciones en las que detectó indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades, hasta mayo del 2018
El Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy “punta de lanza” del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales.
El Consejo General del Notariado señala , que el OCP es la “principal estructura” de los notarios españoles para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica y la financiación del terrorismo. Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial.
Por su parte, Luis Rubí Blanc, socio director en Rubí Blanc Abogados se refirió a las nuevas obligaciones registrales, en relación a los profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio, así como a la problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados.
Por último, Francisco José López , socio director de Apreblanc Asesores, expuso los últimos cambios normativos y las implicaciones prácticas en los sujetos obligados.
Las principales claves del régimen jurídico nacional e internacional que regula esta materia aparecen recogidas de forma completa y exhaustiva en el nuevo Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Lefebvre, disponible en la tienda online.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.
